Ahogando a la producción
Presión fiscal: En 15 años, el peso del impuesto en los salarios medios pasó de 0,8 a 5,4% -casi seis veces más- por la falta de actualización según la inflación
El impuesto a las ganancias alcanza ya a salarios que, en términos reales, son hasta 35% más bajos que los que una década atrás fijaban el umbral para tener esa obligación con el Estado.
En otras palabras: muchos de los que hoy ven recortados sus ingresos por un descuento para ese tributo tienen un ingreso con el que pueden comprar sólo dos tercios de los bienes y servicios que podían adquirir los que estaban alcanzados por el tributo antes del período inflacionario iniciado en 2002.
La mayor presión fiscal no sólo se siente en los salarios más altos, sino también en los de la franja media; por ejemplo, en un sueldo mensual bruto de 15.000 pesos se paga una tasa efectiva que es seis veces más que la que se tributaba en 1998 con una remuneración de poder adquisitivo equivalente.
Así lo revela un informe elaborado por el Ieral, de la Fundación Mediterránea.
De acuerdo con el informe, de haber existido una suficiente actualización de montos según la inflación estimada para el período de 1998 a 2012 -de 398 por ciento, si se consideran las estadísticas de institutos provinciales-, hoy deberían tributar los solteros con un salario neto de al menos 8727 pesos por mes y los que tienen cónyuge y dos hijos a cargo, a partir de los 10.565 pesos, en lugar de las cifras vigentes, de 5782 y 7998 pesos, respectivamente. En términos de valor real, hoy la primera variable tiene un retraso de 35 por ciento y la segunda, de 25 por ciento.
Los economistas advierten sobre otro efecto de la insuficiente actualización del esquema tributario: aun cuando el Gobierno dispusiera para este año un incremento de 20 o 25 por ciento de la base imponible, no se lograría equilibrar la situación.
Además, la alícuota efectiva -el porcentaje del salario que en la práctica representa el descuento- seguirá siendo muy superior a la de 1998 y también a la de 2011, para todos los niveles de ingresos.
Así, por efecto de la inflación el Gobierno avanza sobre los recursos de los ciudadanos, sin haberse producido ningún cambio legal que lo habilite a hacerlo y a causa de que no existe una actualización adecuada de las variables con las que se define el pago del impuesto.
Un ejemplo concreto: un empleado con un salario bruto de 15.000 pesos a valor constante (es decir, considerando ese número en la actualidad y un valor de igual poder adquisitivo para 1998), casado y con dos hijos a su cargo, pagaba en aquel entonces una alícuota real de 0,8 por ciento. De no haber corrección alguna, este año se estará tributando una tasa de 5,4%, casi seis veces más. En 2011 -año en que la base imponible subió 20% respecto de 2010, varios puntos menos que la suba promedio de los salarios nominales- los descuentos alcanzaron un 2,4 por ciento.
Según el estudio, si se hubiera adecuado correctamente el esquema, el pago actual debería estar en 1,1% del salario. De la «sobretasa» actual la mayor parte, 2,6 puntos porcentuales, se explica por la falta de ajuste de los montos de las deducciones (descuentos al ingreso total bruto, que definen cuál es el ingreso sujeto al impuesto).
Otros 1,7 puntos se deben a la ausencia de una adecuación de los topes de ingreso para ubicarse dentro de un tramo determinado, en una escala que define qué alícuota se aplica en función del ingreso de la persona. Esta tabla no existía en 1998, ya que fue introducida por una reforma impositiva aprobada al año siguiente y de la cual esa disposición sigue vigente.
Los números demuestran que, de todas formas, el mayor efecto en una creciente presión tributaria se da no por la propia existencia de esa tabla, sino por el hecho de que no se actualizaron nunca, desde el inicio del período inflacionario, los topes para estar dentro de cada una de las categorías.
De hecho, según surge de las estimaciones de los economistas Marcelo Capello, Gustavo Diarte y Gerardo García Oro, de haberse seguido una adecuación de esos montos, el descuento habría pasado de 0,8% (antes de la reforma de 1999) a 1,1 por ciento. Si ahora se dispusiera un ajuste del 20%, la presión sería superior: del 3 por ciento.
Esa omisión provoca que, ante un aumento nominal de salarios -que podría ni siquiera ser suficiente para mantener el poder adquisitivo frente al avance de la inflación- se pueda producir un salto importante en el monto a tributar, justamente por el pase de una tasa de imposición a otra.
En el ejemplo de un trabajador sin cargas de familia con igual salario, se pasó de una alícuota del 1,5% en 1998 a una de 6,5 por ciento en 2011 y a 8,8 por ciento este año.
Si se hubieran actualizado suficientemente todas las variables, la tasa debería ser de 2,2 por ciento. Con un incremento del salario imponible del 20 por ciento para este año, la carga tributaria quedaría en el 7,1 por ciento.
Para calcular el impuesto se considera, en cada tramo de ingresos, un monto fijo más un porcentaje que se aplica sobre el excedente de un determinado monto percibido; por eso en los ejemplos se habla de la tasa efectiva: es lo que finalmente resulta, medido como porcentaje del salario, de haber aplicado el esquema de imposición vigente.
En los últimos días trascendió que el Gobierno podría anunciar un aumento del salario mínimo sujeto al impuesto, que podría rondar el 20 o 25 por ciento, en consonancia con el pedido de todas las centrales sindicales.
Como el impuesto se calcula sobre los ingresos anuales, si se sigue la letra de la ley no podría disponerse una modificación que esté solo vigente durante algunos meses y no todo el año. Por eso, aun cuando se fijara en esta época del año, como su efecto sería para los ingresos desde enero -desde ese mes los trabajadores ya sufren los descuentos-, el impacto fiscal sería importante.
Eso no alcanzaría, de todas maneras, para que las alícuotas vuelvan a los niveles previos a la inflación de la última década. Al no adecuar el impuesto, el Gobierno utilizó el efecto del alza de precios (que buscó ser compensado con las subas salariales por convenio) para recaudar más.
El año pasado, por ejemplo, con una inflación de alrededor de 23 por ciento, el fisco logró por el impuesto a las ganancias obtener un 67 por ciento más de recursos que en el año previo, tanto por el cobro a asalariados, autónomos y jubilados como a las empresas, que no aplican sistemas de ajuste por inflación en sus balances.
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Debería ser el piso para pagar Ganancias si se hubiera actualizado el impuesto según la inflación.
Del editor: cómo sigue.
El Gobierno estaría por anunciar una suba en el mínimo no imponible para congraciarse con la CGT oficialista, de reciente creación.
Por Silvia Stang publicado en La Nación.
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