Con sorpresa, hemos asistido en el día de ayer al anuncio del Sr. Presidente del decreto de intervención de la empresa Vicentín y el próximo envío del proyecto de expropiación de dicha empresa, como resulta casi habitual, estos anuncios cargados de efusividades políticas, dejan muy poca información real, por ejemplo: ¿El Estado Nacional se hará cargo del pago de los créditos verificados en el proceso concursal, lo hará, por cuando, cómo y por qué monto?
¿Nacionalizará el Estado una deuda totalmente privada?
El concurso tiene un juez y un ámbito, este sistema de decisiones del Ejecutivo por encima del Judicial, ¿es el que viviremos a futuro?
¿Empresas endeudadas en concurso, empresas nacionalizadas?
¿Cuál es el resguardo institucional que tenemos los argentinos frente a decisiones políticas del Gobierno Nacional?
¿Quién responde a estas preguntas? El Sr. Presidente, el Ministro Kulfas o la senadora cuyas ideas fueron derrotadas electoralmente en Mendoza y ahora luce como protagonista de esta medida?
Las actividades y criterios de los empresarios privados y el manejo de sus empresas, tienen a la justicia como evaluadora y sancionadora de sus conductas, pero si aceptamos que el Poder Ejecutivo arremeta contra los jueces naturales, habremos convalidado la quiebra del principio republicano de la división de Poderes.
La expropiación la debe determinar el Congreso de la Nación y lo vemos con preocupación porque vemos que hay una línea orientativa del Gobierno para avanzar sobre las empresas privadas, y la historia de la Argentina demuestra que los avances del Estado sobre las empresas privadas no han sido positivos.
Cuando el Estado ha administrado en el sector privado no ha sido eficiente. No creemos que la expropiación sea la única herramienta.
Solo después de restaurar la institucionalidad se podrá discutir la política comercial de los granos.
Comunicado de CRA.