Pareciera que el gobierno de la Provincia de Buenos Aires sigue mirando al campo como una fuente de extracción de recursos. No ve en él una fuente de desarrollo legítimo, que en base al esfuerzo del productor, genera bienestar. El aumento del 50% del impuesto inmobiliario rural que se aplicaría para el 2018 es, para los productores, un abuso más desde los que nos gobiernan. El sistema de ARBA es tan inflexible y coercitivo, que obligadamente tendremos que afrontarlo. Para hacerlo le quitaremos recursos a la producción. Una producción altamente riesgosa que nos lleva a hacer inversiones millonarias año a año.
Todo recurso que se lleva el estado lo quita a las comunidades del interior. Menos inversión, menos crecimiento y menos desarrollo. Llámese viajes de camión, consumo de fertilizantes, semillas, etc., impacta en forma directa en la actividad comercial. Posterga a los pueblos como en los últimos doce largos años, algo que creíamos se había superado. Una vez más se vuelve a insistir en las viejas políticas regresivas.
Desde el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires se sostiene que el impuesto inmobiliario hace muchos años que no se actualiza. Les recordamos que una de las primeras acciones de esta gestión provincial, allá por diciembre del 2015, fue aumentar el Inmobiliario Rural un 30% para el año 2016. No conformes con eso, a fines del año pasado nuevamente lo incrementaron, esta vez en un porcentaje mayor. Estos aumentos, sumados al 50% que se aplicaría para el 2018, de ninguna manera se compensan con una pequeñísima reducción de la alícuota de ingresos brutos. Tampoco esta baja la veremos los consumidores reflejada en los precios.
Consideramos además, que es el momento menos oportuno para aplicar un aumento de esa magnitud por los magros resultados de la campaña anterior, ya que a pesar de que los mejores campos no están inundados, los anegamientos parciales hicieron dificultosa la recolección y provocaron una considerable reducción de la productividad, y hoy seguimos afectados por las condiciones climáticas, con interferencias en las siembras de los cultivos, por lo que la rentabilidad se verá afectada por los retrasos en la fecha de siembra.
El campo acompaña y apoya esta gestión, resignando la prometida baja de retenciones a la soja. No vemos por parte de los gobiernos la voluntad de disminuir la presión fiscal y la carga administrativa que nos está ahogando. Es por todo esto que rechazamos este supuesto proyecto de aumentar desproporcionadamente el inmobiliario rural de la Provincia de Buenos Aires.