La Mesa de Enlace local convocó para el lunes 22 a una charla debate sobre el futuro de una legislación fundamental para los productores agrícolas. El referente de CRA aseguró que de aprobarse la reforma, se alterarían las bases fundamentales de la actividad como el “uso propio” y que varias empresas podrían quedar fuera del sistema.
DE LA REDACCIÓN. El proyecto para una nueva ley de semillas, que actualiza la normativa que tiene casi 40 años de vigencia, es analizado por los distintos actores del sector agropecuario y podría llegar a tratarse antes de fin de año.
El actual proyecto fue elaborado por la Comisión Nacional de Semillas (Conase) y presentado ante los distintos actores de la cadena en unos talleres de trabajo organizados por el Ministerio de Agricultura, que hacen sus aportes y pulen puntos en los que aún no hay consenso.
El nuevo proyecto, a diferencia de la ley actual, restringe la figura del “uso propio”, que hoy por hoy habilita a que muchos productores utilicen semillas sin pagar las regalías correspondientes, además de favorecer un mercado paralelo.
Por el lado empresario, hay consenso entre las grandes semilleras como Nidera y Don Mario y firmas como Monsanto, que ven con entusiasmo la nueva ley y celebran un nuevo marco normativo, que, según dicen, traerá más inversiones.
Sin embargo, la definición más acotada del “uso propio” genera resistencia en los semilleros multiplicadores, principalmente en la cooperativa de la AFA, y la Federación Agraria, que se retiró de la negociación por considerar que “bajo la apariencia de búsqueda de consensos priman los intereses de las corporaciones sobre la soberanía nacional”.
En este contexto, la Mesa de Enlace de Pergamino decidió convocar a una charla, que tendrá lugar el lunes próximo en el predio de la Sociedad Rural, para concientizar acerca del estado actual del proyecto y en qué sentido la reforma podría cambiar la actividad de los productores agropecuarios.
La charla estará a cargo de Javier Jayo Ordoqui, Roberto Campi y Juan Skinner y luego habrá un espacio para el debate entre los presentes.
Con el objeto de obtener más información con respecto a los temas que se van a desarrollar el lunes, LA OPINION dialogó con uno de los disertantes, Javier Jayo Ordoqui, referente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) que comentó: “Tenemos una Ley de Semillas que data de 1973 y el proyecto para la modificación surgió del trabajo de la Comisión Nacional de Semillas (Conase); desde un principio CRA se manifestó en contra de este proyecto y su postura quedó en minoría. El proyecto entonces fue aprobado no por unanimidad sino por mayoría. Es necesario aclarar que la Conase posee una representación integrada en tres partes por semilleros, cinco del Estado nacional y sólo dos partes de los productores. Federación Agraria se retiró de las negociaciones por no estar de acuerdo, nosotros tampoco lo estamos pero decidimos seguir trabajando en la comisión”.
Al ser consultado sobre los motivos por los que CRA está en contra de la sanción de la nueva ley de semillas, Jayo Ordoqui dijo: “Creemos que es una ley que atenta contra los productores agropecuarios y los semilleros pequeños, desde 2004 Monsanto está ‘empujando’ para que salga una modificación a la legislación sobre semillas, con la excusa de los eventos biotecnológicos que ellos estaban trayendo, pero lo paradójico es que el proyecto nuevo no dice una sola palabra sobre este tema pero va contra cosas muy importantes que tiene la actual Ley de Semillas. Una de ellas es el ‘uso propio’, que es la capacidad que tiene el productor de hacer uso de las semillas que genera en su campo. Eso a partir de la sanción de esta nueva ley dejaría de estar permitido, lo cual generaría un enorme perjuicio al productor, que es quien no sólo paga las semillas en primera instancia sino que además corre con todos los riesgos del cultivo. Con respecto a la biotecnología, ésta se rige por la Ley de Patentes y no por la de semillas. Este proyecto de ley sólo beneficia a Monsanto y está hecho a la medida de las pretensiones de esta semillera, en perjuicio de todos los demás actores de la cadena productiva, incluidos los semilleros pequeños, porque cuando una empresa de este tipo desarrolla una semilla lo hace modificando algunos rasgos genéticos de otra semilla preexistente, esa semilla preexistente se podría decir que ‘es de todos’ por lo que no tendría que ser de nadie en particular. En el proyecto para la nueva ley hay un artículo que señala que estas empresas pequeñas deberán pagar al semillero que hizo la base sobre la cual desarrollaron la semilla, es la implementación de las denominadas ‘variedades esencialmente derivadas’.
Sobre el final de la entrevista, Ordoqui remarcó que “el objetivo de cualquier ley es el bien común y en este caso estamos en condiciones de asegurar que este proyecto de legislación sobre semillas no beneficia a nadie salvo a los grandes semilleros y entre ellos a Monsanto en particular”.
Fuente: La Opinión de Pergamino