Tras 20 años, volverá una importación desde el Reino Unido
La mejora de la infraestructura y el desarrollo de criterios sobre sustentabilidad social, económica y ambiental serán necesarios para redinamizar el sector rural
Quienquiera que conozca las características de la economía productiva argentina sabe que el campo es el que hace los mayores aportes relativos a la riqueza del país. Se debería saber de igual manera que los índices de productividad de las actividades agrícolas y ganaderas figuran al tope, en términos internos comparados con otras actividades, por tratarse del sector que se plantea, de modo constante, cómo mejorar su competitividad en el orden internacional.
O se hacen las cosas bien, a fin de medirse con éxito en el plano externo, o uno se queda condenado a los límites del mercado interno. El precio por ello es encontrarse en permanente trance de buscar amparo en regulaciones estatales, que por lo general subsidian, establecen barreras arancelarias o paraarancelarias, o distorsionan los precios relativos, como en el caso del valor de la moneda. Después de las medidas con las cuales el nuevo gobierno procuró corregir tan pronto asumió algunas de las tantas arbitrariedades cometidas por el kirchnerismo en contra del desenvolvimiento agropecuario, el campo se ha movilizado una vez más para acrecentar en la campaña por iniciarse los índices de productividad.
La Sociedad Rural Argentina tomó en ese sentido la responsabilidad de organizar dos jornadas destinadas a reflexionar sobre «La competitividad como meta» y, por lo tanto, a desbrozar de obstáculos el camino por el cual podrá decirse, en algún momento, que la Argentina es más un supermercado de dimensiones mundiales que un granero abastecedor de puertos. Esto implica no sólo producir commodities -soja, maíz, trigo, cebada, girasol, carnes-, sino multiplicar su valía en procesos de industrialización de materias primas. Así se generarán, además, nuevas fuentes de trabajo.
Las jornadas contaron con la participación activa de varios de los ministros que acompañan al presidente Mauricio Macri, entre ellos el de Agroindustria. El contador Ricardo Buryaile se comprometió a fomentar empleos locales sobre la base de que es más racional agregar valor en el lugar de origen de los productos agropecuarios que subsidiar el transporte.
El estado de la infraestructura da una dimensión de las posibilidades reales de desarrollo del país. La nuestra ha sido descuidada hasta el punto de haberse convertido su degradación paulatina en una de las razones, junto con la inseguridad física de los pobladores rurales, de que abandonaran campos quienes los habitaron por generaciones. Malos caminos y todo tipo de desidias en la infraestructura básica del territorio nacional han potenciado la gravedad de catástrofes naturales como las que ha sufrido el Litoral en las últimas semanas. Ahí reside, sin duda, uno de los costos mayores en el trabajo de la tierra.
Por eso despertó esperanzas en la Rural el compromiso del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, de licitar en la segunda mitad del año obras por 100.000 millones de pesos. Es parte de una inversión en los próximos cuatro años por 12.500 millones de dólares, ya anunciada por el Presidente, a fin de mejorar y construir caminos, vías y unidades ferroviarias, puertos y aeródromos. Como no todo lo que ha quedado postergado por décadas de inacción puede hacerse en el corto plazo, el énfasis será puesto ahora en las arterias más dinámicas para la interconexión general del país.
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La competitividad como objetivo vinculado al desarrollo nacional es incompatible, en los días que corren, con la ausencia de criterios sobre sustentabilidad social, económica y ambiental. El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, consideró oportuno recordar que la producción debe atenerse a las exigencias del artículo 41 de la Constitución actualizada en 1994. Ese artículo establece que los habitantes gozan del derecho «a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras».
En 2018, por los compromisos contraídos en los protocolos recientemente firmados, la Argentina deberá dar a conocer cuáles serán sus contribuciones a un mejoramiento de la situación en materia de calentamiento global. Lleva realizados aportes relevantes, desde un porcentaje del total de tierras cultivadas bajo el régimen de labranza cero muy por encima de la media mundial hasta la integración creciente de su stock ganadero con bosques nativos. Como señaló Bergman, en un mundo donde el que contamina, paga, nuestros debates sobre los agroquímicos deben ser más consistentes, más científicos, y concentrarse más en las técnicas que se utilizan en su aplicación.
Se señaló que ha llegado el momento de pensar las cuestiones ambientales, más que a partir de las fronteras políticas internas, desde la perspectiva de ecorregiones comunes en ventajas y problemas. También, en la necesidad de acordar especificidades normativas que recaigan en el conocimiento de tribunales ambientales. El mundo cambia, al igual que sus leyes; y si nuestros desperdicios son del 15 o del 16 por ciento de lo consumido, debemos prepararnos para entender que los residuos ya no se consideran más como basura, sino como recursos, y que aquellos índices son excesivos.
Cuando la población mundial es de más de 7000 millones y aumenta a razón de un uno por ciento cada año, el planeta ordena autodefensas que los propios productores argentinos han condensado antes de ahora en la meta de «producir conservando». Frente a una comunidad internacional más inquisidora sobre las prácticas agronómicas, tenerlo en cuenta será una manera de legitimar la vocación competitiva de nuestro campo y de afirmar, ante propios y extraños, el sentido de responsabilidad social de los argentinos.
Fuente: La Nación
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